El Gobierno prorrogó la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, según un decreto publicado en el Boletín Oficial. De esta forma, el Gobierno postergó la normalización regulatoria de la energía eléctrica y el gas, prevista originalmente para que estuviera lista como máximo este 31 de diciembre próximo. Ahora, el nuevo plazo se llevó a enero y febrero 2025.
A la vez se conoció que el Gobierno obtuvo U$S1.000 millones para seguir sosteniendo tarifas “sociales” en electricidad y transporte, anunció el Banco Mundial. El organismo multilateral destinará U$S500 millones para el “apoyo a la sostenibilidad y equidad del transporte público”.
Esto permitiría garantizar la tarifa social en el transporte, que ofrece un descuento del 55% en la tarifa en 61 localidades del país donde está disponible la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales son los principales alcanzados. También habrá U$S500 millones para “Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, estima aplicar el final del esquema actual de segmentación de subsidios antes de fin de año Mientras, desde Economía se estaría evaluando cómo se sigue con el recorte de subsidios, aunque dependería de la evolución de la inflación.
El objetivo es terminar la división entre los usuarios N1 (Nivel 1 - “Ingresos altos”), N3 (Nivel 3 - “Ingresos medios”) y N2 (Nivel 2 - “Ingresos bajos”) para ir hacia un sistema de hogares sin subsidios, que paguen el costo real de abastecimiento de la energía y otros con la ayuda del Estado nacional mediante la tarifa social.
En tanto, la emergencia energética prorroga la transición tarifaria, lo cual abre la puerta a continuar con los aumentos mensuales a discreción del Gobierno, sin un marco regulatorio vigente. Además, contempla que continuarán las intervenciones del ENRE y Enargas hasta la constitución del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que absorberá a ambos.
La extensión de la emergencia se decidió frente a la proximidad del plazo fijado en el decreto original, el 31 de diciembre de 2024.
El decreto 1023/2024 publicado ayer miércoles dice que “resulta de público conocimiento que el Gobierno Nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social gravísima, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales”.
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